El director ejecutivo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (DAJuDeCO), Juan Tomás Rodríguez Ponte, y la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura de la Nación, Agustina Díaz Cordero, participaron en las sesiones plenarias del Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), celebradas entre el 16 y el 19 de marzo.

Este Grupo de Trabajo de la OCDE es el responsable de supervisar la aplicación y el cumplimiento de las obligaciones internacionales que los Estados parte asumieron en la Convención contra el Soborno Transnacional, a través de un mecanismo de control por pares de naturaleza evolutiva en un sistema de fases.

Durante las sesiones plenarias se debatió el Informe de Evaluación de nuestro país. En las reuniones se resaltaron los avances alcanzados desde la última evaluación y se plantearon los desafíos aún pendientes en la materia.

Este informe finaliza un proceso iniciado en 2024 y es producto del trabajo llevado a cabo por el Estado argentino mediante la actuación conjunta de las distintas áreas competentes, coordinadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

En ese marco, Díaz Cordero, junto a jueces y juezas federales y a Rodríguez Ponte dieron cuenta de evidencias judiciales consolidadas que posibilitaron mostrar avances en la implementación de la Convención y sus Recomendaciones, lo que reforzó la capacidad analítica y fomentó enfoques más proactivos en casos de soborno transnacional.

Durante la visita in situ realizada en nuestro país, que permitió demostrar la solvencia y experiencia de los miembros del Poder Judicial -aspectos valorados especialmente por el equipo evaluador- habían participado los jueces Diego Barroetaveña, Roberto Boico, Karina Perilli, Sabrina Namer, Ariel Lijo, Sebastián Casanello, Sebastián Ramos, Marcelo Martínez De Giorgi, Julián Ercolini y Santiago Inchausti. 

El informe pone de manifiesto la importancia de la experiencia acumulada por los jueces en la tramitación de investigaciones complejas de naturaleza económico-financiera y reconoce el progreso alcanzado por la Argentina en la aplicación del marco de cohecho transnacional, incluyendo la conclusión en 2025 del primer caso respecto de una persona física. Además, subraya las políticas de publicidad de las decisiones judiciales impulsadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La evaluación también dio cuenta de los avances realizados por el Consejo de la Magistratura en el impulso de la cobertura de vacantes a través de concursos que aumentaron significativamente la cantidad de candidatos, así como en la implementación de capacitaciones específicas.

Asimismo, el Grupo de Trabajo sobre Soborno de la OCDE acogió con satisfacción en su comunicado oficial los avances registrados por Argentina y destacó que "algunos organismos especializados, como la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) y la DAJuDeCO, han reforzado sus capacidades analíticas y han adoptado enfoques más proactivos en los casos de cohecho transnacional, entre otras cosas reforzando la cooperación internacional y la coordinación interinstitucional".

La interacción conjunta de la DAJuDeCO con el Ministerio Público Fiscal, representado por Luis Arocena, y la PROCELAC, a través de su titular, Diego Velasco, demostró una vez más el trabajo en común que mereció ser destacado por los evaluadores.

El Grupo de Trabajo sobre Soborno señaló también que la Argentina continúa enfrentando barreras que limitan la detección efectiva y la aplicación de la ley sobre el soborno extranjero, el retraso en los casos con los desafíos que ello plantea, y la falta de investigación o sanción de personas jurídicas en el marco de la Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas. No obstante, el compromiso demostrado por las distintas áreas del Poder Judicial de la Nación para trabajar en forma mancomunada con los distintos actores del Estado permitió dar cuenta de los avances de nuestro país en la implementación de la Convención, lo cual resultó relevante durante el proceso evaluatorio y en el tratamiento y aprobación del Informe de Evaluación.

El Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales está integrado por las 46 Partes del Convenio, entre ellas Argentina. Creado en 1994, el Grupo de Trabajo se encarga de supervisar la aplicación y el cumplimiento de la Convención de la OCDE para Combatir el Cohecho, la Recomendación de la OCDE para Combatir el Cohecho y los instrumentos conexos. A tal fin, cuenta con un mecanismo de control basado en la revisión por pares.