Del 29 de septiembre al 3 de octubre se llevó a cabo la visita in situ en el marco del proceso de Evaluación de Fase 4 respecto de las medidas adoptadas por la Argentina para el cumplimiento de la Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, ratificada mediante Ley 25.319. La Corte participó a través de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, a cargo de Juan Tomás Rodríguez Ponte.

A lo largo de distintos paneles, magistrados de todas las instancias del fuero federal expusieron acerca de la labor que desarrollan en forma permanente y del compromiso asumido a lo largo de este proceso. Estuvieron presentes Diego Barroetaveña, Roberto Boico, Karina Perilli, Sabrina Namer, Ariel Lijo, Sebastián Casanello, Sebastián Ramos, Marcelo Martínez De Giorgi, Julián Ercolini y Santiago Inchausti. 

En el marco de la visita, el Consejo de la Magistratura –representado por su vicepresidenta, Agustina Díaz Cordero; el consejero Sebastián Amerio, y el secretario general, Mariano Pérez Roller- participó el 1° de octubre en un panel titulado “Consejo Judicial”. Durante su desarrollo se abordaron, conforme a los requerimientos de los evaluadores, las siguientes temáticas: composición del Consejo de la Judicatura; procesos de nombramiento de magistrados; cobertura de vacantes y jueces subrogantes; régimen disciplinario judicial; reformas del Consejo de la Judicatura y capacitación impartida por la Escuela Judicial en materia de soborno transnacional, lavado de activos y ética judicial.

La participación de las autoridades judiciales en la sistematización y consolidación de la información correspondiente al Poder Judicial de la Nación permitió enriquecer y fortalecer las respuestas del Estado nacional para dar cuenta del juzgamiento de estos delitos y demostrar el compromiso con los objetivos establecidos en el marco de esta Convención.

Con esta evaluación se dio seguimiento y se determinó cómo el país previene, detecta, investiga, procesa, juzga y sanciona el soborno transnacional y sus delitos conexos, a través de un proceso de fases que permiten dar cuenta de los logros alcanzados y de los desafíos pendientes. 

La visita, que se inscribe dentro del mecanismo de seguimiento establecido por el Grupo de Trabajo sobre Soborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) para supervisar la aplicación de la Convención, contempló una agenda de entrevistas con los actores del sistema involucrados con el fin de conocer cómo detectan, previenen y sancionan estos delitos, con qué herramientas cuentan y qué desafíos enfrentan. Los encuentros tuvieron lugar en la Dirección General de Consejería Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, con México y Eslovaquia como estados evaluadores.