La Corte participará de la sesión del Grupo de Trabajo de Soborno Transnacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que se desarrollará en Paris entre el 24 y 27 de junio. Lo hará a través de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), a cargo de Juan Tomás Rodríguez Ponte.

La Argentina es miembro del Grupo de Trabajo sobre Soborno, ámbito donde se supervisa la implementación y aplicación de la Convención sobre Soborno Transnacional. La Corte Suprema, a través de la DAJuDeCO, forma parte de la delegación oficial que está conformada por Diego Velazco (Ministerio Público Fiscal de la Nación), Juan Manuel Ruiz Ballester (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Alejandro Melik y Fernanda Terán (ambos de la Oficina Anticorrupción).   

La delegación busca profundizar los conocimientos de las instancias evaluatorias que ya se iniciaron en nuestro país. En ese marco, la DAJuDeCO está abocada al proceso de Evaluación de FASE 4 respecto de las medidas adoptadas por la República Argentina para el cumplimiento de la Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, ratificada mediante Ley 25.319. Esta evaluación busca determinar cómo el país previene, detecta, investiga, procesa, juzga y sanciona el delito de soborno transnacional y sus delitos conexos, a través de un proceso de fases que permiten dar cuenta de los logros alcanzados y de los desafíos pendientes.

El proceso cuenta con una etapa escrita en la cual se responden cuestionarios enviados por los evaluadores, luego una visita in situ en el país -que se desarrollará entre fines de septiembre y principio de octubre- y, finalmente, la elaboración del informe que se somete a consideración y aprobación del Grupo de Trabajo en las sesiones que se prevén para marzo de 2026.

Para poder dar cuenta del cumplimiento de las obligaciones asumidas en el marco de esta Convención, la Corte se encuentra trabajando en la recopilación de información mediante el envío de requerimientos a las autoridades judiciales, su sistematización y consolidación. Este trabajo mancomunado con las autoridades judiciales resulta relevante durante todo el proceso de evaluación y pone de manifiesto el compromiso asumido en el fortalecimiento institucional para el juzgamiento de estos delitos.