Benito Carrasco
A comienzos de 1871 se desató en Buenos Aires una epidemia de fiebre amarilla que causó más de 13.000 muertes en apenas seis meses. El juez de la Corte Suprema Benito Carrasco fue una de sus víctimas.
Carrasco había nacido en Buenos Aires en 1815, hijo del médico Pedro Carrasco. Estudió en la Universidad de Buenos Aires y en 1837 se doctoró en Jurisprudencia con una tesis sobre el derecho de sucesión. Acusado por participar en la conspiración del coronel Ramón Maza, fue detenido el 31 de julio de 1839 y luego de varios meses en prisión logró fugarse a Montevideo, donde ejerció como abogado.
En 1843 se trasladó a Santa Catarina, Brasil, donde enseñó dibujo en escuelas y a hijos de familias adineradas, materia en la que era muy hábil. Se casó con una de sus alumnas, María José Ferreira de Brito, hija del gobernador de la provincia de Santa Catarina, Antero José Ferreira de Brito.
Tras la caída de Juan Manuel de Rosas, regresó a Buenos Aires y ocupó varios cargos en la administración pública. A comienzos de 1860 fue miembro de la Convención del Estado de Buenos Aires para revisar la Constitución, ejerció luego como juez de primera instancia en el fuero civil y más tarde se desempeñó en la Sala Criminal del Superior Tribunal de Justicia del Estado de Buenos Aires, cargo que ocupaba cuando fue nombrado en el Máximo Tribunal.
Carrasco había ingresado en la Corte Suprema en octubre de 1868, en reemplazo de José Benjamín Gorostiaga, quien renunció al cargo para integrar el gabinete del presidente Domingo Faustino Sarmiento.
El 4 de abril, mientras -dicen- estaba abocado al auxilio de los enfermos por fiebre amarilla, Carrasco fue una de las víctimas fatales de la epidemia. Entonces, Gorostiaga dejó su puesto como ministro de Hacienda y en agosto de 1871 inició su segunda etapa como juez de la Corte, que se prolongaría hasta su retiro definitivo en 1887.
Como juez del tribunal, a Carrasco le tocó analizar la doctrina en torno a la competencia federal. En ese sentido, suscribió el célebre fallo “Chanfreau y Cía. contra la provincia de Corrientes” (Fallos: 10:59), una de las tantas decisiones en donde la Corte afianzó la autoridad del gobierno federal sobre las provincias, recordada también por ser la primera sentencia que se registró con disidencia (Marcelino Ugarte y Salvador María del Carril).
La última sentencia que firmó Carrasco fue el 23 de marzo del 87, en la causa “Lamas Regúnega y Cía. c/Paz, Alejandro”. Allí el tribunal dijo que la mención de distinto domicilio hecha por los contrayentes al tiempo de celebrar un contrato es prueba bastante para determinar la competencia de los tribunales federales. Y agregó que, cuando procede por la diversa vecindad de las partes, no es necesaria la prueba de la nacionalidad del demandado (Fallos: 10:108).
El 11 de abril de ese mismo año, el presidente Sarmiento dictó el Decreto N° 8461 mediante el cual se suspendió el funcionamiento de las oficinas nacionales hasta fines de abril de aquel año. Los ministros del Carril, Ugarte y José Barros Pazos, por su parte, firmaron una acordada declarando el receso judicial hasta el 1° de mayo de 1887: “la epidemia que diezma la población de esta Ciudad, ha obligado no sólo a los habitantes sino también a los oficiales Curiales a abandonarla, lo que hace imposible y además injusto proseguir la tramitación y resolución de las causas judiciales”, dijo el tribunal.
El 2 de mayo “subsistiendo los motivos en que se fundó el Acuerdo del 11 de abril último, con tanta más razón cuanto que la nueva feria decretada por los Gobiernos Nacional y Provincial, autoriza la ausencia de Abogados, Procuradores y litigantes”, la Corte prorrogó el receso hasta el 15 de mayo.